El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Joel Hernández, informó que la entidad cumplirá este año un rol de observación a la reforma judicial en Bolivia. Para garantizar apego a estándares interamericanos.
Sobre el tema, Panamericana recogió distintas impresiones, comenzando por la del abogado, José Antonio Rivera, quien además integra un grupo de profesionales independientes que promueve una iniciativa orientada a modificar la Constitución Política del Estado. Si así aprueba la ciudadanía en un plebiscito.
Para el experto, será muy importante el acompañamiento de la comunidad internacional para lograr ese objetivo y recuperar la confianza de la población, actualmente desprotegida, según observa.
Rivera ratificó que la oportunidad de reformar el deteriorado sistema judicial está en manos de la gente que puede adherirse a una recolección de firmas vigente a nivel nacional, y que cuenta con el respaldo de varias instituciones y plataformas cívicas.
Por su parte, el abogado y analista, Israel Quino, convino en la necesidad de trabajar en la administración de justicia, pero remarcó que la aparente renuencia a este cometido no parte únicamente del oficialismo. Sino de toda la institucionalidad democrática, es decir, también de gobiernos subnacionales, a los que las falencias del sistema les resultan convenientes.
En vista de que observa imposibilidad en el cumplimiento de plazos, Quino no auguró éxito en la iniciativa de abogados independientes y más bien sugirió la optimización del proceso de selección de postulantes a los altos cargos judiciales.
Exponiendo la visión de Comunidad Ciudadana, el diputado, Enrique Urquidi celebró el compromiso de la delegación de observadores de la CIDH para acompañar la ansiada transformación de la justicia boliviana y destacó la atención de otras entidades multilaterales.
El parlamentario opositor expresó optimismo en el monitoreo de la comunidad internacional, a tiempo de reafirmar que su bancada insistirá en la revisión de aspectos como la tipificación penal y la detención preventiva.
Sobre la misma temática, la diputada de Creemos, Laura Rojas, coincidió en que la democracia y la libertad en el país están en declive. Por ello ponderó los esfuerzos para denunciar estos extremos dentro y fuera de nuestras fronteras.
Rojas explicó cómo debería aplicarse la reestructuración en dicho ámbito y citó ejemplos de casos emblemáticos como el del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y la expresidenta, Jeanine Añez.
Así también, el politólogo, Marcelo Arequipa, formuló criterios relacionados y detectó que los esfuerzos del mencionado grupo de juristas no están bien enfocados. En sentido de que sus propósitos ya se encuentran definidos por norma, pero esta no se aplica correctamente.
De modo que para el analista, una alternativa viable podría ser la elaboración de listas de profesionales idóneos para acceder a altos cargos judiciales, en lugar de modificar alcances de la Constitución Política del Estado.
Arequipa recomendó no desgastar un movimiento que podría mejorar sus perspectivas y ajustar las proposiciones apegándose a la realidad y a las leyes vigentes.
Por otra parte, reforzó la tesis de que la reforma en cuestión no es aplicable para las próximas elecciones judiciales debido a los plazos definidos.
PANAMERICANA.
