En un punto de inflexión para la profunda crisis institucional que atraviesa el país, el presidente constitucional Rodrigo Paz Pereira declaró formalmente el Estado de Excepción en todo el territorio nacional. La medida extrema fue comunicada a través de un mensaje transmitido por la red estatal y sus canales oficiales, marcando el fin de lo que el Gobierno consideró una etapa de tolerancia ante los cortes de vías.
El límite del diálogo y el impacto del conflicto
Durante su alocución, el jefe de Estado hizo un balance de los 50 días de paralización que asfixiaron al país, impidiendo el acceso a alimentos, medicamentos y combustibles. Destacó que el conflicto dejó profundas heridas económicas y lamentó la pérdida de vidas humanas, expresando su solidaridad con las familias afectadas.
El mandatario explicó que su administración priorizó inicialmente el diálogo para evitar una escalada de violencia, logrando acuerdos importantes con la inmensa mayoría de los sectores que presentaban demandas históricas y legítimas. Sin embargo, justificó la adopción de la medida excepcional señalando que "llega un momento en que no actuar deja de ser prudencia y se convierte en irresponsabilidad".
Denuncia de infiltración y "golpe de Estado"
Paz Pereira trazó una clara línea divisoria entre la protesta social reivindicativa y una estrategia organizada de desestabilización. Denunció públicamente que, detrás de las movilizaciones genuinas, operó desde el Chapare una infiltración política financiada con recursos ilícitos.
El presidente fue categórico al afirmar que estas estructuras radicales no buscan resolver problemas sociales, sino imponer por la fuerza lo que no lograron en las urnas. "Es un intento de golpe de estado desde el narcoterrorismo contra un gobierno democráticamente elegido", sentenció la autoridad.
Despliegue militar y advertencia a movilizados
Para materializar la declaratoria de excepción, el Ejecutivo instruyó formalmente a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana ejecutar todas las acciones necesarias para recuperar el control de las carreteras, restablecer el libre tránsito y garantizar la seguridad ciudadana.
El mandatario lanzó una severa advertencia a las facciones que persistan en los bloqueos o desafíen el orden constitucional, asegurando que deberán asumir las consecuencias legales y que se les aplicará "todo el rigor de la ley y toda la fuerza legítima" del Estado. Asimismo, aclaró que el Estado de Excepción no busca restringir derechos civiles, sino "devolverle la libertad a la gente" para garantizar el retorno a la normalidad productiva y educativa.
Medidas complementarias para la pacificación
A la par de la intervención de las fuerzas de seguridad, el Gobierno anunció dos acciones institucionales destinadas a consolidar la pacificación y proyectar la gestión a largo plazo:
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Comisión Especial para La Paz: Se conformará un equipo dedicado exclusivamente a las provincias del departamento paceño, áreas históricamente relegadas, con el objetivo de transformar los recientes acuerdos sindicales en obras y soluciones concretas.
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Gran Acuerdo Nacional: Se convocará a líderes políticos, gobernadores, alcaldes, universidades y sectores trabajadores para construir una agenda estatal compartida para los próximos cuatro años y medio, tomando como pilar los avances del encuentro realizado en Cochabamba el pasado 9 de mayo.
El presidente concluyó su mensaje haciendo un llamado a la reconciliación y a la unidad de la patria, asegurando que el país está cerrando un ciclo de confrontación para iniciar una etapa de paz y desarrollo.
