Al respecto, el secretario de gestión ambiental de la alcaldía paceña, Marcelo Lorber, aseguró a Panamericana que la medida es injustificada y constituye un grave atentado contra la salud pública.
Así también, el funcionario edil remarcó que la actualización se realizó en base a la variación de la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV), publicada por el Banco Central de Bolivia, cuya reglamentación corresponde al ejecutivo municipal a través de la autoridad tributaria.
Por otra parte se refirió a la suspensión del piquete de huelga de hambre asumido por dos concejalas masistas por este tema.
Sin embargo, el presidente de la FEJUVE movilizada en La Paz, Justino Apaza, refutó los argumentos esgrimidos y ratificó que el gobierno municipal incurre en arbitrariedades con el alza en cuestión y con el envío de funcionarios públicos al sitio de protesta en horario de trabajo.
Apaza, advirtió que las medidas se mantendrán hasta las últimas consecuencias pese a comprender, dice, el perjuicio que representan para la población en su conjunto. Por otro lado, el dirigente vecinal aseguró que la norma observada es de cumplimiento opcional.
Las declaraciones del presidente de la FEJUVE en emergencia, fueron desvirtuadas por el secretario ejecutivo de la alcaldía de La Paz, José Carlos Campero, quien subrayó que la Ley nacional 2434 es de cumplimiento obligatorio a tiempo de aclarar que ninguna normativa posee carácter opcional.
Campero, anunció que el gobierno municipal activará recursos legales contra los movilizados que atentan contra la salud pública de forma injustificada y siguiendo motivaciones políticas.
PANAMERICANA
