martes. 19.03.2024

En esta jornada, corresponde formular algunas consideraciones en torno a lo que supone la justicia en el país, más aún tomando en cuenta recientes decisiones de las autoridades de gobierno y pretensiones existentes a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Como es de conocimiento público, se ha mencionado que el gobierno ha determinado a través de una Resolución Ministerial, la creación de una Comisión Interinstitucional para verificar casos de las víctimas de la injusticia durante los 14 años de gobierno del ex – Presidente Evo Morales.

Pero también a nivel de la Asamblea Legislativa, la Bancada del Movimiento Al Socialismo tiene la intención de aprobar un proyecto de  Ley de Amnistía para liberar de ciertas responsabilidades judiciales a personas que fueron detenidas en los últimos días desde el 20 de octubre.

Como se puede evidenciar, existen algunas iniciativas que pretenden buscar justicia ante presuntos hechos de injusticia que se hubieren cometido, pues se habla permanentemente de persecución política a través de los procesos judiciales.                                       

En este contexto, se ha mencionado que no sólo ahora sino desde antes, los operadores de justicia se encontraban sometidos a los dictámenes del poder político y es por ello que se asumían decisiones en perjuicio del contendor del momento.

Recordemos que durante los gobiernos de Evo Morales, hubo permanentes referencias a la forma en que operaban fiscales y jueces, intentando en muchos de los casos congraciarse con el Presidente de turno o en su defecto seguir instrucciones directas de las autoridades del ejecutivo.

También, se ha mencionado que esta situación no era reciente y que  en gobiernos del pasado ya había la misma práctica, pues incluso las sentencias eran previamente redactadas a las audiencias en las que debían surgir las decisiones oficiales.

Este hecho, generó que muchas personas abandonen nuestro país, pues se dijo que no había garantías constitucionales para encarar juicios transparentes o lo que muchos denominan el debido proceso.

Recientemente el Ministro de Justicia dijo que existen alrededor de  mil 300 personas que se encuentran fuera del país con procesos injustos, quienes de alguna manera pretenden volver a territorio boliviano, pero no lo pudieron hacer precisamente por la forma en que se administró la justicia.

Desde el enfoque del MAS, recientemente se ha generado una “caza de brujas” contra dirigentes sociales y líderes políticos a través de mecanismos judiciales, replicando un poco lo ocurrido en el pasado cuando se presentó la misma situación a inicios del gobierno de Evo Morales.

Lo que debe quedar claro, es que los problemas que se han presentado en el ámbito de la justicia han tenido matices similares, producto precisamente de la falta de independencia de este órgano del estado.

A pesar de que la  anterior y actual constitución,  hablan de la independencia de poderes, esto no es evidente en la realidad.  Es por ello que el debate es permanente, en la perspectiva  de generar mecanismos que permitan esa anhelada independencia.

Varios analistas han formulado una reflexión  importante, pues se dijo que lamentablemente la inadecuada administración judicial deriva en que se metan en “la misma bolsa”, a personas inocentes que son perseguidas políticamente, con quienes sí cometen delitos de diversa índole.

Por lo pronto, se ha solicitado que los actores de coyuntura, tomen en cuenta los pros y contras a la hora de usar políticamente a la justicia, y se dijo que los profesionales vinculados a este ámbito debieran evitar contaminarse con la política-partidaria.