El abogado José Antonio Rivera, miembro del grupo de juristas independientes que promueve una reforma judicial vía referéndum constitucional, reafirmó a Panamericana que las exigencias impuestas por el Tribunal Supremo Electoral, demuestran la intención de obstaculizar el proceso e impedir el ejercicio de la democracia directa.
Para sustentar su tesis, el profesional citó la obligación de transcribir un millón quinientas mil partidas, al margen, dice, de la racionalidad.
Rivera aseguró que la tarea descrita debería ser cumplida por el órgano electoral en el marco de sus atribuciones, aunque advirtió que la limitación no impedirá continuar la campaña que recaba firmas a nivel nacional.
Asimismo, informó que los juristas propulsores de la iniciativa presentarán una acción de amparo constitucional en siguientes días.
Desde otra perspectiva, el analista, Marcelo Arequipa rebatió los argumentos del abogado y recordó que el principal obstáculo de la propuesta de reforma judicial fue la definición de plazos reducidos, ya que las próximas elecciones están previstas para fines de este año.
En criterio de Arequipa, no es válida la hipótesis de sabotaje o intentos deliberados de perjudicar una campaña protegida por la constitución, ya que en un análisis realista y apolítico existen otros factores que deben tomarse en cuenta para que un trámite de esta naturaleza se concrete con éxito.
PANAMERICANA.
