En contacto con Panamericana, la abogada Raquel Guerrero, lamentó que el delito del avasallamiento con violencia continúe generando titulares, en vista de que se produjo una nueva denuncia en la zona de la subcentral de Pailitas, donde las víctimas acusan a interculturales de San Julián de atacar la comunidad Río Viejo.
A tiempo de recordar el caso de Las Londras observado por la lentitud de su avance, la jurista aseveró que sobran pruebas para sostener que ciertas autoridades policiales y judiciales obran de forma parcializada con las organizaciones irregulares.
Guerrero, insistió en que el Instituto Nacional De Reforma Agraria (INRA) debe asumir un rol central en este tipo de casos para intervenir oportunamente y proteger las tierras de todos los bolivianos, en lugar de sembrar dudas por su pasividad.
PANAMERICANA.
