En comunicación con Panamericana, el ex magistrado del Tribunal Constitucional, Orlando Ceballos, formuló criterios personales sobre los obstáculos a las elecciones judiciales, ya que observa un alcance excesivo de la medida cautelar que paraliza el proceso, tras la presentación de múltiples amparos por parte de candidatos inhabilitados.
Según Ceballos, las condiciones están creadas por el órgano ejecutivo para que los comicios sean dilatados hasta el año 2025, de modo que en cumplimiento a la ley vigente, no sea posible efectuar las elecciones presidenciales en la misma gestión y el gobierno sea prorrogado.
Sobre la situación en la Asamblea Legislativa, la senadora de Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos, confirmó que varios recursos constitucionales han sido interpuestos, reforzando la sospecha de que la intención del poder ejecutivo es frenar el avance y mantener un sistema judicial viciado en el que se confunden atribuciones.
Para la legisladora, sería reprochable que la pretensión real sea retrasar las elecciones generales hasta 2026, aunque existen elementos para sustentar esa suspicacia. En todo caso, advirtió que su bancada agotará recursos para que la renovación en la administración de justicia prospere.
Sobre el tema, la vocal del Tribunal Supremo Electoral cuya situación es aún incierta, Dina Chuquimia, recordó que toda traba al avance de las fases estipuladas retrasa el cronograma original, y en este sentido advirtió que dicho escenario interfiere también con las elecciones primarias, como punto de partida hacia las presidenciales.
Chuquimia convino en que una distancia de seis meses entre ambos procesos podría ser admisible, pero por las circunstancias consideró difícil avizorar la renovación de operadores judiciales en la presente gestión 2024, a tiempo de acotar que los siguientes procedimientos dependerán del proceder de la Asamblea Legislativa.
Finalmente, el diputado del Movimiento Al Socialismo, Jerges Mercado, ratificó el compromiso de su bancada para transformar el sistema judicial como exige la población boliviana, y lamentó la presentación de amparos constitucionales como óbices imprevistos que podrían obedecer a malas interpretaciones de la convocatoria o tener un trasfondo político.
Mercado coincidió en sentido de que algunos administradores de justicia en ejercicio extralimitan sus atribuciones incurriendo en injerencia. Por ello, hizo una exhortación a cumplir la normativa y actuar en el marco de competencias constitucionales.
PANAMERICANA.
