En comunicación con Panamericana, el exministro de gobierno, Carlos Romero, formuló consideraciones sobre la coyuntura política en el país, convulsionada a raíz de la planificación del censo de población y vivienda.
La exautoridad rebatió la postura del gobierno de Luis Arce que reafirma la imposibilidad de efectuar el proceso antes del año 2023, pues en base a la experiencia del empadronamiento de 2012, dice, es factible preparar y ejecutar un censo en un periodo máximo de diez meses.
Asimismo, recordó que en aquel entonces, durante la administración del ex presidente Evo Morales, la encuesta demandó una inversión de aproximadamente 50 millones de dólares.
Romero expuso sospechas en base a la situación observada y dijo temer que el gobierno actual demore la realización del censo de forma deliberada para politizar el proceso en un año preelectoral en el afán de manipular susceptibilidades.
El exministro fundamentó sus afirmaciones en material revelador que circula en redes sociales, y da cuenta de un supuesto acuerdo político pactado entre el gobierno de Luis Arce y sus colaboradores, como el titular de gobierno, Eduardo del Castillo, y la derecha boliviana, según dice.
Sin embargo, la versión de Romero fue refutada por el actual viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, quien más bien destacó la intención del gobierno de evitar la politización del censo nacional de población y vivienda, generando falsos debates.
Según explicó la autoridad, la búsqueda de protagonismo político conduce a lecturas erróneas de la realidad y a confundir a la población, dado que la demanda de resultados oportunos será atendida favorablemente.
Ruiz apuntó a la desinformación como una de las complicaciones en la planificación del censo, a tiempo de aclarar datos sobre los recursos económicos destinados.
Finalmente, lamentó que el tema haya sido contaminado por consignas políticas desde antes de su postergación oficial.
PANAMERICANA.
