Bolivia enfrenta escasez de combustibles: filas masivas y medidas gubernamentales se presentan
La falta de divisas para importar diésel y gasolina genera colas de hasta seis cuadras en estaciones de servicio. El gobierno implementó 10 medidas, pero sectores exigen soluciones estructurales.
Bolivia enfrenta una crítica de escasez de combustibles, con filas de vehículos que superan las seis cuadras en ciudades como La Paz y Bermejo16. La crisis se atribuye a la dependencia del 86% de importaciones de diésel y 56% de gasolina, junto a una falta de dólares para cubrir las compras internacionales.
El presidente Luis Arce descartó eliminar subvenciones o devaluar la moneda, argumentando que el problema es una "iliquidez transitoria de divisas". Sin embargo, los ingenieros advierten que la escasez podría extenderse al gas natural y GLP, afectando la industria y la alimentación.
medidas gubernamentales
El gobierno anunció 10 acciones para mitigar la emergencia:
1. Reducción del parque automotor estatal al 50%.
2. Aumento de la distribución de combustible al 80% en estaciones.
3. Aplicación móvil para localizar surtidores con surtido.
4. Priorización del transporte público, agropecuario y servicios básicos.
5. Teletrabajo y clases virtuales en ciudades.
6. Militarización de fronteras y estaciones para evitar el contrabando.
Aunque Arce solicitó créditos internacionales al Banco Mundial y BID, la oposición y expertos consideran las medidas insuficientes.
Impacto social y económico
Las protestas de transportistas se intensifican, con bloqueos de rutas y exigencias de renuncia de autoridades aduaneras. El 60% del transporte no opera por falta de combustible, afectando la distribución de alimentos y servicios esenciales.
La subvención de combustibles (Bs 3,72 por litro de diésel) mantiene precios bajos, pero incentiva el contrabando a países vecinos, con pérdidas estimadas en 250 millones de dólares anuales.
Propuestas y desafíos
La Sociedad de Ingenieros de Santa Cruz propone liberar el mercado energético para permitir importaciones privadas y evitar un colapso que afecta la electricidad y el GLP. Mientras, el gobierno insiste en que la solución pase por créditos externos, no por ajustes económicos.
La crisis refleja tensiones entre políticas sociales y la sostenibilidad fiscal, con riesgo de profundizar la inseguridad energética si no se implementan reformas estructurales.
PANAMERICANA.