Como se conoce, el mexicano Joel Hernández, integrante de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Bolivia, asistió ayer a un acto de desagravio a ex vocales electorales acusados por fraude en el año 2019, generando reacciones encontradas.
Por ejemplo, el abogado y analista, Carlos Borth, remarcó que aún queda por aclarar si la presencia del invitado a territorio boliviano se dio por decisión propia, o a manera de representación institucional.
En este último caso, el jurista advirtió que la actitud de Hernández liquidaría por completo los objetivos de observación supuestamente imparcial y apolítica de la misión.
Borth aseveró que la participación del relator originario de México pone en duda la actuación del órgano interamericano, por lo que la aclaración planteada será fundamental para definir el éxito o fracaso de la visita.
Por otro lado, recordó el contexto del año 2019 para comprender la realidad histórica y la situación de los ex vocales cuestionados, cuyo rol todavía no se clarificó por completo.
En la misma línea, el parlamentario y experto en política internacional, Gustavo Aliaga, coincidió con el líder de la fuerza opositora “Comunidad ciudadana”, Carlos Mesa, al reprochar la postura de Joel Hernández e identificar un proceder que no corresponde en la coyuntura.
Al margen de resaltar que el reclamo fue oportunamente transmitido al delegado de la CIDH, Aliaga criticó una intromisión en un tema de política interna que nada tiene que ver, dice, con el propósito de la visita de expertos en Derechos Humanos.
Sumando criterios sobre el tema, el representante de la plataforma ciudadana “Otra Bolivia es posible”, Iván Meléndez, manifestó molestia por la asistencia de un supuesto observador imparcial a un evento netamente político-partidario y consideró a Hernández como “persona no grata” en el país.
El activista exigió explicaciones claras a la delegación internacional, a tiempo de remarcar que formó parte del movimiento ciudadano espontáneo y defensor de la democracia que se sublevó ante un fraude electoral corroborado incluso por organismos como la Organización de Estado Americanos (OEA).
Así también, el abogado Gary Prado, quien defendió a implicados en el caso “terrorismo del Hotel Las Américas”, se mostró inconforme con la actuación de los representantes de la CIDH, y auguró que si el caso de los ex vocales electorales logró conmover al relator, seguramente las denuncias de sus defendidos superarán esa reacción.
El jurista atribuyó responsabilidad por la tergiversación de los hechos al embajador de Bolivia ante la OEA y exministro de Evo morales, Héctor Arce, a quien observó por insistir en la imposición de una “posverdad” referida a la existencia de un supuesto golpe de estado, pese a la evidencia en contra de dicha tesis.
Sin embargo, el analista y politólogo, Marcelo Arequipa, expuso opiniones divergentes y afirmó que las reacciones críticas al mexicano Hernández corroboran la existencia de una sociedad altamente polarizada.
Por otro lado, hizo énfasis en las denuncias opuestas que no han sido aclaradas hasta el momento, impidiendo, dice, conocer la verdad histórica y promoviendo la continuidad de investigaciones en defensa de los derechos humanos.
Arequipa, en todo caso, señaló que el gobierno del MAS deberá organizar otros actos de desagravio para víctimas de vulneraciones si no quiere perder la credibilidad de la población y de la comunidad internacional.
PANAMERICANA.
