La aprehensión del gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por agentes de Inteligencia de la Policía Boliviana, ha provocado diferentes reacciones de figuras entendidas en materia política y jurídica.
En primera instancia, el abogado representante de la autoridad, Martín Camacho, transmitió consternación a Panamericana por los acontecimientos y ratificó que la privación de libertad de su defendido es totalmente ilegal, arbitraria y salpicada de extrema violencia.
El jurista amplió detalles sobre las agresiones e irregularidades registradas, a tiempo de advertir que la población cruceña y del resto del país, ha quedado enardecida por los atropellos.
Sin embargo, el abogado de la exdiputada masista Lidia Patty, Jorge Nina, también formuló aclaraciones y recordó los procedimientos que lleva adelante el Ministerio Público por el caso “golpe de Estado I”. Es así que calificó el proceder de la fiscalía como procedente.
Nina explicó las alternativas que podía seguir el fiscal del caso en las circunstancias actuales, a tiempo de afirmar que si Camacho denuncia ser víctima de vulneraciones a sus derechos, puede recurrir a recursos de defensa en el marco de la legalidad.
Por su parte, la diputada de la alianza Creemos, María Renee Álvarez, reafirmó que el gobernador cruceño sufrió un secuestro planificado por el gobierno del MAS, que podría considerarse, dice, como un “acto de terrorismo” por sus características.
Para la parlamentaria de oposición, el régimen del MAS continúa con su campaña de persecución política mediante la instrumentalización de la justicia, sin prever repercusiones contraproducentes como protestas de la ciudadanía inconforme en Santa Cruz.
Empero, el diputado del Movimiento al Socialismo, Gualberto Arispe, rebatió los criterios expuestos y recibió la noticia de la aprehensión con optimismo de que se logre sentar justicia por delitos presuntamente cometidos por Camacho en perjuicio de los bolivianos.
Es más, el parlamentario oficialista afirmó que la detención del gobernador fue tardía y extemporánea, al margen de ser solamente una más entre varias que debería instruir el Ministerio Público.
Arispe dijo esperar que lo ocurrido no sea una acción para mejorar la imagen deteriorada, advierte, del Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, a tiempo de augurar reacciones encontradas en Santa Cruz según ideologías políticas.
Con otro punto de vista, la senadora de Creemos, Centa Rek, aseveró sentirse sorprendida por lo que tilda de “vejamen” contra una autoridad electa y todo el pueblo boliviano.
Así también emitió críticas hacia Del Castillo por las irregularidades que observa.
Rek avizoró un escenario de tensión y conflictividad a raíz de los acontecimientos, que constituyen a su juicio, un agravio para toda la colectividad.
Y finalmente, anticipando posibles medidas de protesta que podrían asumirse en el departamento oriental, la presidenta del Comité Cívico Femenino Pro Santa Cruz, Sussy Montaño, informó que la institución convocó a un ampliado de emergencia para definir acciones.
PANAMERICANA.
