Por un lado, la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (ASOFIN) y la de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN), rechazaron el Decreto Supremo que aplica una sola modalidad de pago del diferimiento de créditos por transgredir la Constitución Política del Estado, y por otro los microempresarios insisten en una nueva prórroga de al menos 3 meses.
Precisamente los fundamentos de esta última petición han sido explicados por el presidente de la Confederación de Micro y Pequeñas Empresas de Bolivia (CONAMYPE), Néstor Sandy.
A tiempo de abogar por el diálogo entre los sectores involucrados, el dirigente subrayó que los pequeños y medianos productores necesitan urgentemente de una inyección económica, ya planteada al jefe de estado, Luis Arce, para una recuperación gradual que permita el cumplimiento de responsabilidades bancarias.
De su lado, el representante de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa, dio cuenta de las resoluciones del ampliado general del sector efectuado recientemente y cuya principal demanda al gobierno se refiere también a la extensión del plazo para cancelar cuotas bancarias.
Así también, Figueroa hizo mención a otras necesidades de los gremialistas afectados por la pandemia de coronavirus y el contrabando, como ser; la modificación al Código Tributario y una nueva Ley de Aduanas.
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