Exvocal alerta sobre riesgo por paro judicial
Miembros del Órgano Judicial, el Tribunal Agroambiental y el Tribunal Constitucional han anunciado una posible paralización escalonada de actividades si el gobierno y la Asamblea Legislativa no responden a sus demandas de incremento presupuestario y aprobación de reformas judiciales. Esta advertencia ha generado preocupación entre autoridades y especialistas en Bolivia.
Carlos Alberto Goitia, exministro y actual vocal del Tribunal Supremo Electoral, expresó a Panamericana que aunque las demandas del sector son comprensibles, la medida de paralización podría significar "prácticamente la extinción del propio Estado". Goitia enfatizó que existen normas vigentes que prohíben este tipo de acciones extremas y las calificó como una violación directa a la Constitución Política del Estado.
El vocal sugirió promover mecanismos alternativos de diálogo y consenso con el poder ejecutivo y el legislativo para resolver las demandas, tal como se ha hecho en ocasiones anteriores, evitando así acciones que puedan desestabilizar el sistema judicial y estatal.
Por otro lado, el abogado constitucionalista Roger Valverde calificó la amenaza como inédita y manifestó sorpresa ante esta forma de manifestar reclamos legítimos. Valverde destacó que el Órgano Judicial cumple un servicio indispensable para la sociedad y recordó que Bolivia se encuentra aún en estado de excepción, por lo que las decisiones tomadas por los magistrados requieren un análisis cuidadoso.
Además, el especialista recordó que la ley vigente sanciona estas prácticas de paralización como inadecuadas para el correcto desempeño judicial, insistiendo en la necesidad de respetar las normas y mantener la operatividad del sistema judicial para garantizar el acceso a la justicia.
La controversia se desarrolla en un contexto de demandas urgentes de modernización y reformas en la justicia boliviana, un tema sensible que involucra a distintos sectores políticos y sociales del país. La búsqueda de soluciones consensuadas se presenta como la vía más viable para evitar conflictos mayores y preservar la estabilidad institucional.