El jurista, coincidió con el asambleísta departamental de Chuquisaca, Eusebio Cordero, en que el caso debe establecer responsabilidades sobre jefes militares y autoridades de gobierno por dicha prerrogativa irregular.
El abogado Antonio Pino, aseguró mantener esperanza de que la justicia sea administrada con celeridad y de manera imparcial, aunque no ocultó cierto temor por la contaminación política evidenciada en otros casos.
Finalmente, acotó que la denuncia amerita una profunda pesquisa considerando que para la consumación del hecho anómalo, se precisó la intervención de varios actores implicados.
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