Crece repudio a estrategia de magistrados autoprorrogados
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, denunció que magistrados "autoprorrogados" del Tribunal Constitucional Plurinacional emitieron un auto constitucional para evadir acciones legales. Esta acción fue calificada como una "mafia judicial" por el diputado Carlos Alarcón, quien urgió al gobierno a restablecer la seguridad jurídica.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, ha denunciado públicamente una maniobra legal de los magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Según Saucedo, estos jueces emitieron un auto constitucional de oficio para prevenir que salas y otros jueces constitucionales inicien eventuales acciones legales en su contra, una medida que ha generado amplio rechazo en el ámbito jurídico y político.
El jurista Saucedo manifestó su preocupación por lo que considera un exceso de funciones y un intento por parte de los magistrados de eludir responsabilidades penales. La decisión del TCP implica una grave afectación a la seguridad jurídica del país, pues busca blindar a los propios implicados de cualquier proceso judicial derivado de su cuestionada continuidad en el cargo.
Esta situación también fue fuertemente criticada por el diputado Carlos Alarcón, de la alianza Unidad. El legislador Alarcón relacionó el proceder de los mencionados magistrados con una “mafia judicial”, advirtiendo sobre las implicaciones negativas para el sistema de justicia boliviano. El diputado enfatizó que existen alternativas constitucionales y legales para el cese de funciones de los magistrados observados.
Alarcón, quien expuso proyectos de ley elaborados para abordar esta problemática, exhortó al gobierno de Rodrigo Paz a ofrecer una señal inequívoca sobre el restablecimiento de la seguridad jurídica en Bolivia.
Según el diputado de Unidad, la permanencia de los magistrados "autoprorrogados" representa un factor de ilegalidad y un riesgo latente para la estabilidad institucional del Estado. La exigencia de Alarcón busca una acción decidida por parte del Ejecutivo para garantizar la legalidad y la transparencia en el Órgano Judicial.
El rechazo a la continuidad de estos servidores públicos y a sus acciones para evitar la rendición de cuentas crece entre diferentes sectores.
La polémica se centra en la validez de su permanencia en el cargo y en la facultad de emitir decisiones que afectan directamente su situación legal, generando un debate sobre la independencia y la legitimidad del Tribunal Constitucional Plurinacional. La ciudadanía, a través de sus representantes, espera una pronta resolución a esta crisis institucional.
PANAMERICANA.