Tras aprobación en el Senado, Diputados define mañana la anulación de la “Ley Copa” para habilitar estados de excepción
El Senado Nacional aprobó la abrogación de la Ley 1341, conocida como "Ley Copa". Ahora, la decisión final recae en la Cámara de Diputados, que ha convocado a una sesión definitiva para este martes a las 11:00 horas, con el fin de viabilizar que el Ejecutivo recupere los mecanismos de defensa constitucional frente a la crisis social.
El fin de un "blindaje a la impunidad"
El diputado Carlos Alarcón explicó que la norma vigente, gestada en 2020 bajo la influencia de Evo Morales, fue diseñada específicamente para "atar de manos" al Estado ante situaciones de conmoción interna. Según el legislador, la Ley 1341 desvirtuó los artículos 137 al 140 de la Constitución, impidiendo que el Gobierno pueda restringir el derecho de reunión o detener a quienes vulneran los derechos de la mayoría, incluso en contextos de extrema violencia.
"Esa ley obligaba al Estado a darle flores a quienes ejercen terrorismo contra la población", señaló Alarcón, destacando que su anulación permitirá al presidente Rodrigo Paz aplicar medidas de excepción si el asedio a La Paz y El Alto persiste.
Violencia extrema y necesidad de autoridad
El parlamentario de Comunidad Ciudadana fundamentó la urgencia de esta reforma citando la degradación humanitaria del conflicto. Denunció ataques contra niños con discapacidad y el fallecimiento de personas debido a la obstrucción de ambulancias, actos que calificó como "sitio criminal" contra civiles inocentes.
"El Estado tiene el monopolio de la fuerza y la obligación de proteger a los ciudadanos cuando están siendo avasallados", afirmó el diputado, lamentando que el fracaso del corredor humanitario del pasado fin de semana sea una prueba de que los sectores radicales no tienen voluntad de diálogo.
Escenario para la sesión de mañana
Pese a las resistencias de algunos bloques, Alarcón manifestó optimismo sobre la votación en la Cámara Baja. Aseguró que existe una conciencia creciente en la Asamblea sobre la necesidad de devolverle al presidente sus competencias legales para defender el derecho a la alimentación, la salud y la libre transitabilidad.
"No estamos forzando un estado de excepción, pero estamos removiendo el obstáculo legal para que, si la vida de los bolivianos corre peligro extremo, el presidente pueda actuar con la ley en la mano", concluyó el legislador.