Albarracín urge uso de Estado de Excepción
El activista y exdefensor del Pueblo, Waldo Albarracín, ha manifestado su profunda preocupación por la escalada de la actual crisis en el país. En una entrevista concedida a Panamericana este martes 2 de junio de 2026, el jurista afirmó que las demandas de los sectores movilizados no constituyen protestas legítimas, sino que están generando graves perjuicios económicos y sociales para la población boliviana. La interrupción de servicios, bloqueos y la inestabilidad resultante son, según su perspectiva, insostenibles.
El señor Albarracín, con su experiencia en la defensa de los derechos, indicó que la ruta del diálogo habría sido la mejor alternativa para desescalar la situación y encontrar consensos. Sin embargo, ante el reiterado y contundente rechazo expresado por los grupos movilizados a cualquier acercamiento o negociación, el exdefensor considera que es ineludible y urgente que el Gobierno active los mecanismos previstos en la Constitución Política del Estado para situaciones de esta magnitud.
El abogado constitucionalista Albarracín enfatizó la necesidad de aplicar el Estado de Excepción como una medida drástica, pero necesaria, para frenar la espiral de la crisis. Según su criterio, esta acción debe ser implementada con absoluta rigurosidad jurídica, actuando siempre dentro del marco legal establecido. El objetivo primordial es evitar que la situación se deteriore aún más y asegurar la prevalencia del orden constitucional.
El exdefensor del Pueblo subrayó que, al activar estos mecanismos, el Gobierno debe ser cauteloso y evitar caer en provocaciones que busquen deslegitimar la acción estatal. La aplicación del Estado de Excepción, según el activista, permitirá al ejecutivo retomar el control y garantizar la continuidad de los servicios básicos, la libre circulación y la seguridad de todos los ciudadanos. Es fundamental que el Estado demuestre firmeza sin transgredir los principios democráticos.
El señor Albarracín concluyó que la inacción del gobierno ante el persistente rechazo al diálogo y los constantes perjuicios a la sociedad solo prolongaría el conflicto. Por ello, la activación de un Estado de Excepción, siempre dentro de la legalidad, se presenta como la vía más efectiva para proteger a la ciudadanía y restablecer la paz social. El llamado es a una respuesta gubernamental decisiva y ajustada a la ley para salvaguardar la institucionalidad del país.