Política y Justicia

"Que sufran lo que han hecho sufrir al pueblo": Presidente exige a la justicia cárcel para los conspiradores que asfixiaron al país

Bloqueos en Bolivia (Foto: RRSS)
El primer mandatario pidió al Ministerio Público y al Órgano Judicial actuar con todo el rigor de la ley contra los responsables de los recientes bloqueos. Además, instó a los parlamentarios a aprobar leyes de transformación y marcó una clara diferencia entre la protesta social legítima y las acciones desestabilizadoras del "narcoterrorismo".

Sanandita, Tarija, 3 de julio de 2026 (Panamericana).– En la recta final de su discurso ante la Escuela de Cóndores Bolivianos en Sanandita, el presidente Rodrigo Paz Pereira lanzó una dura advertencia política y judicial contra los promotores de las recientes movilizaciones que asfixiaron a Bolivia durante 53 días. El mandatario exigió que no exista impunidad para quienes, bajo sus palabras, actuaron como "conspiradores" contra el Estado y la economía nacional.

El pedido al sistema judicial

El jefe de Estado elevó un requerimiento público y directo a las instituciones encargadas de la persecución penal en el país, exigiendo sanciones proporcionales al daño generado en las carreteras.

"Pido a Dios que ilumine a la justicia y al Ministerio Público cuando se entreguen a los culpables de tanto daño, después de tantos años y especialmente en los últimos 53 días, que los hagan castigar, que sufran lo que han hecho sufrir al pueblo boliviano", sentenció la máxima autoridad del país, dejando en claro la postura inflexible del Ejecutivo frente a los líderes radicales de las protestas.

En esa misma línea, Paz Pereira aseveró que "a los conspiradores tienen que ir a pagar sus culpas porque no le pueden hacer daño al futuro de la patria". Asimismo, hizo un llamado a la Asamblea Legislativa Plurinacional, instando a los parlamentarios a tener "iluminación" al momento de tratar las leyes que permitan la verdadera transformación institucional del Estado.

Línea divisoria en la protesta social

Para evitar que el accionar de la justicia sea interpretado como una criminalización generalizada de la disidencia, el mandatario fue enfático al establecer una línea divisoria sobre la movilización ciudadana.

"Vuelvo a reiterar, es el derecho a la protesta de aquellas organizaciones que tienen justos pedidos, olvidados por tantos años", aclaró el presidente, garantizando el respeto constitucional a las reivindicaciones sindicales y cívicas legítimas.

No obstante, advirtió que el peso de la ley recaerá sobre aquellos grupos que, escudados en aparentes demandas sociales, operan motivados por "ideología, intereses nacionales y de orden internacional, vinculados al narcoterrorismo, con ilícitos". "No me importa si eres de un partido o de otro, lo que sí me importa es que le hagas daño a la patria y eso no lo podemos permitir", concluyó.