El Magisterio Urbano de La Paz denuncia su exclusión de las mesas técnicas del Gobierno y exige la anulación de la Ley Avelino Siñani
El Magisterio Urbano de La Paz expresó su rotundo rechazo a la actual Ley 070 Avelino Siñani - Elizardo Pérez, responsabilizándola por la profunda crisis en la calidad educativa del país. En entrevista con Panamericana, el dirigente del sector, Gerardo Bustamante, calificó la norma como "retrógrada" y "anticientífica", señalando que ha dejado como consecuencia bachilleres que no saben leer, escribir, ni tienen razonamiento lógico. Según el educador, el currículo vigente prioriza materias teóricas y el abordaje de costumbres en desmedro de ciencias exactas como la física y la química, las cuales sufrieron una drástica reducción en su carga horaria.
Pese a la urgencia de una reforma estructural, Bustamante denunció que los 37.000 maestros de base de La Paz fueron completamente excluidos de las mesas de trabajo instaladas por el Gobierno el pasado 26 de febrero. El dirigente desestimó la convocatoria anunciada por el viceministro de Educación, Juan Carlos Pimentel, asegurando que en esos encuentros solo existe una participación "burocrática" de dirigentes nacionales que no representan el verdadero sentir de las bases. Advirtió que cualquier cambio real en la normativa requiere la participación activa y directa tanto de los maestros como de los padres de familia.
Además del ámbito curricular, el representante cuestionó duramente las recientes políticas estatales, acusando a la actual administración de recortar el gasto público, cerrar unidades educativas en el turno nocturno y fusionar paralelos. Estas medidas, según Bustamante, provocan el hacinamiento de hasta 30 estudiantes por aula, deteriorando aún más las condiciones de enseñanza. Ante esta situación, el Magisterio paceño exige garantizar una educación fiscal, única y gratuita mediante la asignación de un presupuesto del 33% para el sector, en drástico contraste con el 8% o 9% que se percibe en la actualidad. Finalmente, demandó el descongelamiento de los salarios de los profesores y la consolidación de una autonomía educativa total, para que el sistema deje de depender de las agendas políticas de los gobiernos de turno o de los municipios.