Crisis judicial: Rechazan designación de magistrados por Decreto Supremo
La Paz, 30 de marzo de 2026. Diversas figuras legislativas han expresado su preocupación y rechazo ante la presunta intención del Poder Ejecutivo de designar a los magistrados faltantes del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mediante un Decreto Supremo. Esta posible acción ha sido calificada de inconstitucional por los denunciantes, quienes enfatizan la usurpación de atribuciones.
Sobre este particular, la jurista y ex senadora Silvia Salame, compartió su perspectiva con Panamericana, coincidiendo en que el Ejecutivo carece de la potestad para invadir competencias ajenas. La ex legisladora Salame, sugirió que existen dos vías viables para resolver el impasse judicial: la promulgación de una nueva ley o la autorización para que los magistrados suplentes puedan conformar una sala liquidadora que atienda los casos pendientes.
La ex senadora Salame, advirtió sobre la casi nula posibilidad de convocar a nuevas elecciones judiciales que complementen el proceso aún pendiente. Por lo tanto, enfatizó la importancia de un análisis realista del contexto actual y la implementación de soluciones paliativas urgentes para evitar un mayor deterioro de la administración de justicia.
En la misma línea de análisis, el ex magistrado y abogado constitucionalista, Marco Antonio Valdiviezo, se refirió al tema. El constitucionalista Valdiviezo, consideró la propuesta de su colega Salame como una opción apropiada para preservar la calidad de las resoluciones judiciales y evitar su devaluación en un escenario de acefalía.
El ex magistrado Valdiviezo, ratificó que la conformación y acción de una sala liquidadora sería una medida idónea en las circunstancias actuales. Esto permitiría aminorar significativamente la carga procesal acumulada debido a la falta de magistrados. Sin embargo, el jurista Valdiviezo, no descartó la validez de otras opciones, como la eventual elaboración de una ley específica o incluso un Decreto Supremo que designe a profesionales responsables y capacitados para una labor de tal envergadura y responsabilidad institucional. Este último enfoque, según el ex magistrado, podría ser una solución temporal si se garantiza la idoneidad de los designados.