Diputada oficialista denuncia al Defensor del Pueblo ante la Vicepresidencia por su actuar en los bloqueos de 50 días

Pedro Francisco Callisaya, defensor del pueblo. (Foto. Prensa Latina).
La diputada Kattia Arando confirmó la presentación de una denuncia contra el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, por presunta inacción durante más de 50 días de conflictos sociales. Además, se anuncia la creación de una comisión especial para investigar su rol durante este período.

La diputada del Partido Demócrata Cristiano, Kattia Arando, informó que presentó una denuncia ante la Vicepresidencia contra Pedro Callisaya, Defensor del Pueblo, por supuesta inacción institucional en la gestión de los recientes conflictos sociales que se prolongaron por más de 50 días.

Arando explicó que con esta iniciativa se busca hacer una investigación exhaustiva a través de una comisión especial mixta que se encargará de esclarecer los hechos denunciados, identificar responsabilidades y verificar si la Defensoría del Pueblo cumplió con sus funciones constitucionales y legales durante ese tiempo.

Además, la legisladora detalló que esperan la comparecencia de Callisaya ante la comisión de Política Social el próximo 9 de julio, para responder a un cuestionario que plantea 12 preguntas relacionadas con la crisis social.

Por otra parte, Katia Saucedo, Secretaria Técnica de la Comisión de Constitución, informó que la diputada Marlene Miranda gestionó un pedido de informe oral al Defensor del Pueblo, el cual fue reprogramado para las 17:30 horas del día de hoy, con un cuestionario compuesto por 18 interrogantes.

La jurista Saucedo evitó anticipar posibles consecuencias o medidas en caso de que las respuestas de Callisaya no sean satisfactorias, aunque señaló que existen mecanismos legislativos para evaluar el cumplimiento de los deberes del Defensor del Pueblo en el marco de sus atribuciones.

La denuncia y las siguientes acciones legislativas surgen en medio de un análisis intenso sobre el rol que desempeñó la Defensoría del Pueblo durante la prolongada crisis social, con la intención de garantizar el respeto a las funciones institucionales y la transparencia en la gestión pública.