En contacto con Panamericana, el vice – Presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, hizo referencia a las decisiones que se habían asumido en el último cabildo, sobre el desalojo de asentamientos ilegales en la Chiquitanía.
En este contexto, ha manifestado que luego del transcurrido el tiempo, tienen que ser las autoridades municipales de la región, las que deben asumir acciones legales para lograr el desalojo, tomando en cuenta de que algunas personas entendieron y decidieron abandonar el lugar.
Las personas que comprendieron que deben desalojar la Chiquitanía, están buscando la forma de salir, pero se trata de un proceso un tanto complejo, aseveró Cavo, quien además cree que luego de las elecciones habrá precisión en los datos.
Respecto al caso de once jóvenes que aún permanecen detenidos por los hechos de violencia en el cierre de campaña del MAS; el cívico, dijo que se muestra nuevamente la dependencia de la justicia ante el poder político del gobierno.
