jueves. 28.03.2024

“El señor Mostajo no tiene ningún vínculo con los respiradores, nadie, ninguna persona lo ha sindicado de haber participado directamente o indirectamente en la compra de los respiradores (…), nosotros somos objetivos y en esa objetividad debemos decir que ninguna persona lo ha sindicado en la compra o lo ha relacionado en la compra de los respiradores”, apuntó el fiscal departamental en entrevista con QNMP de la red UNO.

A inicios de mayo y para reforzar la emergencia provocada por el coronavirus (Covid-19), el Gobierno acordó la compra de 170 respiradores de la empresa española GPA Innova, a través de un intermediario, la empresa IME Consulting. Luego se conoció que los equipos médicos habrían sido adquiridos con sobreprecio, razón por la que la Fiscalía abrió un proceso penal.

Por ese caso están en proceso penal el exministro de Salud, Marcelo Navajas; el exdirector de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), Geovanni Pacheco; el exdirector jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela; el cónsul de Bolivia en Barcelona, Alberto Pareja Lozada; el denominado “testigo clave”, Fernando Humérez; y, dos consultoras técnicas de la AISEM que dependían del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad que financió la compra de los equipos.

Según declaraciones de los representantes de las empresas españolas recabados por la Fiscalía, GPA Innova vendió cada ventilador y su kit a 6.600 euros (7.430 dólares estadounidenses), sin embargo, el Gobierno boliviano pagó por cada equipo 28.080 dólares. La compra de los 170 respiradores debía tener un costo de fábrica de $us 1,2 millones, pero el Estado acordó el proceso de compra por $us 4,7 millones. 

El fiscal indicó que las investigaciones apuntan a Fernando Valenzuela como uno de los principales responsables en la compra de los respiradores. “Quien ha estado en todo el trámite y en la búsqueda de contactos es Valenzuela, hay mensajes y llamadas (que respaldan eso), entonces tiene participación activa en la compra de los respiradores”, apuntó.

Sobre la participación del cónsul de Bolivia en Barcelona, Alberto Pareja, Cossío dijo que el funcionario vio y revisó los respiradores y sabía cuál era el precio de fábrica de los instrumentos y “nunca avisó a la Cancillería y era su obligación”.

Dijo que el viernes será la declaración del español Iñaki García, de la empresa intermediaria IME Consulting. Indicó que esto se hizo posible gracias a la cooperación diplomática.