Sector agropecuario denuncia 31 casos de avasallamientos y demanda cumplimiento legal

CAO alerta sobre 31 avasallamientos y exige aplicación de la ley

Avasalladores. (Foto: La Razón)

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) confirmó 31 casos oficiales de avasallamientos en varios departamentos de Bolivia y demanda una respuesta judicial efectiva para proteger el derecho a la propiedad. El sector critica la inacción institucional y plantea coordinación entre entidades públicas y privadas para frenar las tomas ilegales.

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) alertó sobre la existencia de 31 casos de avasallamientos oficialmente registrados en diferentes regiones del país, afectando a todo el territorio nacional más allá de Santa Cruz, su tradicional foco de conflicto. Klaus Frerking, presidente de la CAO, enfatizó la necesidad de aplicar la ley de manera uniforme para garantizar el derecho a la propiedad y la seguridad jurídica.

En entrevista, Frerking destacó que recientemente se establecieron mecanismos de coordinación en Santa Cruz entre el Ministerio Público, tribunales y la policía, con el fin de enfrentar efectivamente esta problemática que limita la producción agropecuaria. El dirigente señaló como ejemplo el caso "Las Londras", que lleva cuatro años sin solución judicial, periodo en el que se reportaron incluso secuestros de periodistas, y donde recién se han realizado las primeras detenciones.

El abogado Álvaro Latorre criticó la falta de acción coordinada entre instituciones como el INRA, Ministerio Público y Policía, señalando que esta descoordinación facilitó la proliferación de avasallamientos. También denunció la existencia de una cobertura política que impidió respuestas más firmes y efectivas. Latorre confió en que las nuevas autoridades judiciales promuevan reformas que prioricen ética y meritocracia para revertir la situación.

El sector agropecuario insiste en que una salida sostenible requiere una coordinación eficiente entre instituciones públicas y privadas, junto con la aplicación inequívoca de la ley para proteger tierras productivas y garantizar la seguridad jurídica de los productores.

PANAMERICANA.