La ATT revoca licencias de radios "comunitarias" que operaban con fines comerciales y aclara el nexo con la exviceministra Gabriela Alcón
La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) ha iniciado una profunda depuración del espectro radiofónico nacional. En entrevista con Panamericana, el director ejecutivo de la entidad, Carlos Alberto Ágreda, reveló los avances de las investigaciones sobre la presunta red de medios vinculada a la exviceministra de Comunicación, Gabriela Alcón. Ágreda aclaró categóricamente que el nombre de la exautoridad no figura en ningún registro oficial de la ATT. Sin embargo, la investigación destapó que las frecuencias observadas fueron tramitadas por la fundación "Libertad y Democracia", la cual solicitó seis licencias de operación amparándose en la figura de ser una entidad sin fines de lucro.
Ante las evidentes irregularidades, la autoridad reguladora tomó medidas drásticas. Ágreda confirmó que la ATT ya ha procedido a anular cuatro de estas licencias por incumplimiento de documentación y compromisos contractuales. El funcionario detalló que en la ciudad de La Paz se rescindió el contrato porque la emisora no inició operaciones en el plazo legal, mientras que en Santa Cruz se identificaron diversas inconductas normativas que derivaron en un proceso administrativo. El agravante de este caso, advirtió el director, es que esta fundación obtuvo "importantísimos contratos" del Estado, otorgados particularmente por el Ministerio de la Presidencia. Frente a esta situación, la ATT ya derivó un informe a dicho ministerio para que se tomen medidas sobre estos contratos y se verifique su cumplimiento.
Este caso específico destapa un problema estructural en la administración de las telecomunicaciones. El titular de la ATT denunció que, amparados en la Ley 164, el anterior gobierno otorgó una gran cantidad de licencias a organizaciones sociales, indígenas y entidades sin fines de lucro de manera sesgada y poco transparente. Ágreda explicó que muchas de estas licencias, concedidas gratuitamente para fines educativos y culturales, fueron transferidas de manera ilegal a terceros que hoy las utilizan para realizar actividades comerciales. Esto genera una competencia desleal contra las radios privadas que sí pagan un canon al Estado. Para frenar estos abusos, la institución ha iniciado la revisión de más de 330 contratos de este tipo, clausurando radios que transmitían ilegalmente e iniciando la revocatoria de licencias.