Cuba inicia 2026 con cifra récord de presos políticos
La organización no gubernamental Prisoners Defenders ha documentado que Cuba comenzó el año 2026 con un número récord de prisioneros políticos, alcanzando la cifra de 1.207. Este registro, el más elevado en la historia de la isla, incluye 18 individuos adicionados a la lista solo durante el mes de enero, lo que marca una alarmante tendencia de represión masiva contra la disidencia.
Según el informe de Prisoners Defenders, el régimen cubano mantiene una vigilancia sistemática sobre su población. Emplea amenazas y detenciones arbitrarias como respuesta a publicaciones críticas en plataformas digitales o a la participación en manifestaciones pacíficas. Los procesos penales contra estos opositores, carentes del debido proceso, culminan en condenas desproporcionadas y el uso sistemático de la tortura en los centros penitenciarios.
La negación de atención médica adecuada a los reclusos políticos es una práctica recurrente y de alto riesgo. Un trágico ejemplo es el fallecimiento de Lázaro García Ríos el 22 de enero de 2026, mientras cumplía una sentencia de 20 años. Su deceso, precedido por constantes denuncias de falta de asistencia sanitaria, subraya las extremas consecuencias de la política represiva y la ausencia de salvaguardias legales en el sistema carcelario cubano.
Entre los recién encarcelados en enero, la organización destaca los casos de Ankeily de la Caridad Guerra Fis y Enrique Ramos Bosch, dos jóvenes apresados por expresar pacíficamente su desacuerdo con el gobierno a través de las redes sociales. Sus detenciones ejemplifican la criminalización de la libertad de expresión y la estricta vigilancia digital implementada por las autoridades.
La tasa de encarcelamiento en la nación caribeña es significativamente alta. Con una población que ha disminuido a 9.7 millones, la isla registra 923 reclusos por cada 100.000 habitantes. Esta estadística la posiciona como la "isla cárcel" más grande del mundo, superando en 7.6 veces la tasa de España y en 1.7 veces la de Estados Unidos, lo que refuerza la percepción de un estado que recurre a la privación de libertad para mantener el control. Siete personas adicionales salieron de la lista tras cumplir íntegramente sus condenas, mientras que el caso de García Ríos resalta la trágica situación de los derechos humanos.