Paquete económico gubernamental divide opiniones entre analistas

Economistas debaten ajustes económicos del Gobierno

Gasolinera. (Foto: Canva).
El reciente paquete de ajustes económicos del Gobierno, que incluye la eliminación de la subvención a los carburantes, ha generado controversia. Expertos como Víctor Hugo Figueroa y Javier Flores coinciden en que la medida era inevitable y necesaria, aunque admiten la desazón ciudadana ante la insuficiencia de las compensaciones y el riesgo de protestas.

 

El Gobierno del presidente Rodrigo Paz ha anunciado un paquete de medidas económicas que ha provocado diversas reacciones en la sociedad boliviana. Una de las determinaciones clave, y objeto de particular escrutinio, es la eliminación de la subvención a los carburantes, tema que ha sido analizado por expertos en economía consultados por Panamericana. Esta decisión gubernamental ha puesto de manifiesto las tensiones entre la necesidad de un "sinceramiento" económico y las preocupaciones por el impacto directo en la ciudadanía.

Según el analista Víctor Hugo Figueroa, la decisión de suprimir la subvención a los combustibles era "inevitable". Figueroa explicó que esta medida representa un paso fundamental hacia un "sinceramiento de la economía nacional", buscando alinear los precios con su costo real y reducir la carga fiscal que implicaban los subsidios. No obstante, el señor Figueroa admitió que los reparos y la desaprobación expresados por diversos sectores de la ciudadanía eran "previsibles", especialmente porque los mecanismos de compensación anunciados por el Ejecutivo han sido calificados como "insuficientes" para mitigar el impacto en el poder adquisitivo de la población.

En concordancia con esta visión, el analista económico Javier Flores observó una "evidente desazón" entre los ciudadanos que esperaban una aplicación de políticas de "ajuste gradual" en lugar de una supresión directa. A pesar de la inquietud generalizada, el señor Flores también afirmó que el levantamiento de la subvención al combustible era "necesario" para la salud financiera del Estado.

Reconoció que esta acción, aunque vista como indispensable desde una perspectiva técnica, conlleva un "riesgo de protestas e inconformidad" social, elementos que el Gobierno deberá gestionar con cautela para evitar escaladas de conflicto. Ambos especialistas coinciden en la complejidad de la situación, donde la necesidad de reformar la estructura económica choca con la resistencia y el descontento de la población afectada.